Dice el chiste que le pedía consejo un político americano a otro sobre que consideraba él que era más adecuado, invertir en colegios y educación o en cárceles a lo que el preguntado contestó ¿A caso pretendes volver a la escuela?
Sin ánimo de olvidar que lo anterior no es sino un chiste, parece que nuestros políticos tienen claro que una justicia lenta con escasez de recursos y sistemas de gestión de la información prehistóricos e incompatibles entre los distintos reinos de taifas les beneficia de algún modo peregrino que no alcanzo a entender. Tal vez piensen que puede beneficiarles la prolongación eterna de un proceso judicial por desfalco, fraude o corrupción gracias a recursos y trucos legales.
Es curioso que dados cinco meses de preaviso sobre la huelga, los medios y los políticos se centren y giren la atención pública sobre si los jueces tienen o no derecho a hacer huelga. Y en lugar de comentar la legimitad o no de las reivindicaciones y ver la posibilidad real de cumplir con parte de las mejoras pedidas se centran en la última de ellas slegando que no es legítimo que pidan mejores retribuciones en tiempo de crisis.
Si lo reducimos a lo básico, son trabajadores pidiendo que se mejoren la calidad de los servicios que ofrecen. Cuantas empresas desearía que sus trabajadores estuviesen tan comprometidos como para decir: “oye vamos a la huelga si no mejoras nuestros medios de producción. A por cierto queremos más dinero pero esta es la última de nuestra tabla de ocho reivindicaciones. Os damos espacio y tiempo para la negociación.”
Tabla de Reivindicaciones.
Asociaciones firmantes:
• Asociación Profesional de la Magistratura (APM),
• Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV),
• Jueces para la Democracia (JpD) y
• Foro Judicial Independiente (FJI)